El 15 de enero se produjo en Perú el accidente petrolero más grave de su historia, provocando un derrame de petróleo en el litoral sin precedentes. El 26 de enero, hubo otro accidente, en el mismo lugar. La multinacional española Repsol es la responsable de esta fuga de más de 12.000 barriles de crudo durante un desembarque en su refinería al norte de Lima.

El derrame de petróleo afectó dos áreas naturales protegidas: la reserva nacional de las islas, islotes y puntas guaneras, así como la zona de Ancón. Se contaminaron más de 180 hectáreas del litoral, así como 713 hectáreas de espacios marítimos, provocando la muerte de miles de peces, aves, plancton y especies protegidas, como el pingüino de Humboldt, la nutria marina, etc. Por lo menos 30 playas se contaminaron, en plena temporada de verano, provocando la ausencia de cerca de 5 millones de turistas, lo que ha ocasionado el desempleo de más de 2.500 pescadores y cientos de comerciantes que están sufriendo un cese total de su actividad. El impacto ecológico, social, sanitario y económico de este desastre es inmenso.

Repsol no disponía de un sistema de alerta ni de un plan de emergencia, y sus primeras medidas resultaron irrisorias dada la magnitud del desastre. La empresa trató de culpar a las « olas inusuales » provocadas por la erupción del volcán Tonga, información negada por las autoridades, y también mintió sobre el volumen de petróleo derramado.

Estos derrames de petróleo, lamentablemente frecuentes en Perú, nunca son sancionados. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022, en el litoral del norte se produjo otro y en la Amazonía peruana cinco. En 20 años en la Amazonia se han producido cerca de 600 derrames y quedan más de 2000 pasivos ambientales.

Las autoridades peruanas tienen una gran responsabilidad en esta situación, al haber siempre favorecido la inversión en los sectores extractivos sin tener en cuenta el medio ambiente. Hasta ahora, el Congreso no ha designado una comisión de investigación sobre todos los desastres relacionados con el petróleo. De hecho, son los lobbies empresariales los que han promulgado leyes, decretos y reglamentos a su favor durante décadas.

Europe Ecologie Les Verts – EELV, expresa su profunda indignación y denuncia el delito de ecocidio de REPSOL, empresa que ya ha sido sancionada 32 veces por contaminación marina, en la misma zona.

Para EELV, la explotación de hidrocarburos debe disminuir porque amenaza el ecosistema global, el clima y la supervivencia de la humanidad. La región amazónica que concentra bosques primarios y una biodiversidad inigualable es muy codiciada por diferentes lobbies y debe ser protegida.

Esperando el cese total de los combustibles fósiles, EELV considera que es necesario poner fin a los numerosos desastres ambientales provocados por su extracción y transporte. En los países dependientes de su exportación debe aplicarse una legislación rigurosa y severa que sólo puede ser internacional.

Por esta razón EELV defiende la «Responsabilidad Ambiental y Social» de las Empresas (RAS) y la ley sobre el “Deber de Vigilancia”, en negociación en la ONU y votada por el Parlamento Europeo. Repsol y el resto de las empresas responsables de los derrames de petróleo deberían asumir las consecuencias materiales y económicas, a la altura de la gravedad de los desastres.

EELV recuerda que hay normas internacionales que rigen los derechos de los pueblos indígenas, de los cuales hacen parte los pueblos amazónicos. Su entorno debe ser protegido, restaurado en caso de deterioro y deben ser indemnizados en consecuencia.Para permitir que las poblaciones afectadas puedan reaccionar, EELV defiende el acuerdo de Escazú que garantiza la protección de los defensores ambientales. Hay que recordar que es en los pueblos indígenas donde hay más víctimas.